Infojus Noticias

Dos de los cuatro hombres del ex Batallón de Aviación 601 detenidos ayer, que pilotearon hace 36 años pilotearon los vuelos de la muerte, se sentaron hoy frente a la jueza federal Alicia Vence y prefirieron el silencio. El ex segundo jefe del Batallón de Aviación Militar de Campo de Mayo, Delfis Ángel Malacalza, y el ex oficial de la misma unidad militar, Horacio Alberto Conditi, se negaron hoy a declarar. Mañana será el turno del jefe de Inteligencia del batallón, Alberto Luis Devoto, y el ex jefe Luis del Valle Arce, que ya estaba detenido por otros crímenes. Y dos ex aviadores –cuyos nombres Infojus Noticias reserva- que aún no han sido encontrados.

Todos están acusados en uno de los legajos –el caso 323, de la megacausa 4012- de haber planeado, ordenado o piloteado los vuelos de la muerte que partían desde el aeródromo de Campo de Mayo, ubicado cerca del Campito, el centro clandestino que funcionaba dentro de la guarnición militar. Las víctimas que se les imputan son Juan Carlos Rosace, Adrián Enrique Accrescimbeni y Roberto Ramón Arancibia, que estuvieron secuestrados en Campo de Mayo, y cuyos cuerpos aparecieron en la costa bonaerense tras ser arrojados desde aviones del Batallón 601.

Las cuatro detenciones se apoyan, en lo esencial, en las pruebas aportadas en un detallado informe de 310 páginas que preparó el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto con la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.

“Lo más importante del informe es que prueba, a través de expedientes, testimonios que los vuelos de la muerte fueron una práctica de exterminio generalizada que implementaron todas las Fuerzas, y en distintos lugares del país”, dijo a Infojus Noticias Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, subcoordinadora del Programa Verdad y Justicia. El informe se presentó el 19 de diciembre de 2014, con una lista extensa de ex aviadores, y la fiscalía a cargo de Miguel Blanco García Ordaz pidió indagar a estos y otros hombres, pero Vence consideró que en algunos casos era necesario seguir investigando y no la concedió.

La detención de Devoto, que deberá dar explicaciones mañana, provocó una conmoción en el entorno íntimo del presidenciable cordobés Juan Manuel De la Sota. El hombre acompaña al gobernador desde que fue electo senador. Después, a lo largo de los años, recorrió casi todas las estructuras y los poderes provinciales siempre cerca del caudillo mediterráneo. Fue secretario de Emergencia Provincial hasta que la ex ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, le pidió la renuncia. También fue secretario privado del gobernador, secretario de Defensa Civil y director general de Coordinación y Hábitat Social del Ministerio de Solidaridad.

Según investigaron los técnicos de ambos ministerios, el Batallón de Aviación 601 fue una unidad militar de aviación que dependía orgánicamente del Comando de Aviación de Ejército y operativamente del Comando de Institutos Militares de la Zona de Defensa IV, donde mandaba el multicondenado Santiago Omar Riveros. Estaba emplazada físicamente en la guarnición de Campo de mayo.

Los investigadores tomaron más de 400 testimonios de conscriptos de los años 1976 y 1977, de los que fueron sacando datos ínfimos y sueltos para reconstruir el fresco represivo de aquella época. A aquello, le sumaron el rastreo y análisis de varios expedientes administrativos de adquisición de aeronaves en 1977, que les permitió determinar los dominios y las características de los aviones que habrían sido utilizados para tirar a los secuestrados adormecidos al mar.

“Se trataba de aeronaves Fiat G 222, con capacidad para llevar 40 soldados, una bodega con rampa posterior del avión, que se abre en vuelo y permite tirar carga, y que tiene una autonomía de sólo siete horas”, explica Gómez Alcorta. “Con todos estos elementos, creemos que pudimos probar los vuelos desde el ’76 al ‘79, y que los pilotos y las tripulaciones de las aeronaves, cooperaron o realizaron aportes en la represión ilegal instaurada durante la última dictadura cívico militar”, concluyó la abogada.

LB/RA