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Una obstétrica y una laboratorista que durante los años de la dictadura trabajaron en el Hospital Militar de Campo de Mayo declararon hoy frente al Tribunal Oral Federal Nº 6.  También dio su testimonio una perito calígrafa. Las tres lo hicieron en el marco del juicio oral y público por la sustracción de menores ocurrida durante la última dictadura. “No sé para que la cuidamos tanto si después la tiramos al río”, aseguró la partera Elba Lillio, que escuchó decir al jefe de Obstetricia del Hospital, Julio César Caserotto, sobre una mujer a la que le habían hecho una cesárea.

En la causa están imputados el dictador Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, responsables de la zona; los médicos militares Norberto Bianco y Raúl Eugenio Martín y la obstetra Yolanda Arroche de Sala García. La mujer reconoció, en un juicio anterior, que atendió partos de mujeres en cautiverio en el marco del plan sistemático de apropiación de bebés. Por ese delito de lesa humanidad en 2012 se condenó a penas de hasta 50 años de cárcel a los acusados, entre ellos el fallecido Jorge Rafael Videla.

Canosa, de piel blanquísima y ojos claros, con una vincha rosa y anteojos blancos, Lillio se sentó a declarar y cuando le preguntaron su edad dijo “soy del 29, así que tengo 84, 85”. Jugando con sus dedos enredó la correa de sus anteojos y las cadenitas que tenía colgadas. Las movió tanto que su hija tuvo que acercarse a ayudarla. La audiencia estuvo parada casi diez minutos.

Lillio trabajó en el hospital desde 1975 hasta 1982. Primero hizo guardias, pero después como no se llevaba bien con Caserotto (ya fallecido), pasó a administración. Contó que el jefe del servicio un día “fue a otro lugar del hospital (más tarde recordó que era el sector de Epidemiología) que había una internada, embarazada. Yo no tengo idea si estaba detenida. Lo relaciono ahora con eso, porque él no dijo nada, pero no me consta”.

Después recordó haberlo escuchado decir: “’No sé para que las cuidamos tanto si después las tiramos al río’. Él se refería a que habían hecho una cesárea, entonces se refería a esa mujer y la herida”, explicó. Y agregó: “Juro por Dios que pensé que era una broma. Le dije ‘ay doctor’, y él me dijo, ‘Usted siempre está en la luna’. Los comentarios que él hacía yo siempre los tomaba como que no estaba en su sano juicio, porque era así una persona muy… No quiero ser mala: muy desagradable”. 

Cuando le dijeron que su testimonio había concluido, les dijo a los jueces que quería disculparse. Emocionada y con los ojos llenos de lágrimas, contó que cuando se conocieron públicamente los hechos, ocurridos durante la dictadura, ella fue a ver a un cura: “Me quise morir cuando supe lo que habían hecho. Es un dolor muy grande para mí. Cómo puedo haber sido tan tonta, que haya pasado todo eso y yo me haya dado cuenta”, dijo. Su hija, también emocionada, la ayudó a levantarse.

No sabe, no contesta

Nora Haydee Di Nápoli tiene 61 años y  desde hace 42 trabaja como técnica de laboratorio en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Desde el comienzo su testimonio fue escueto y estuvo marcado por los “no”.  No vio nada que le llamara la atención durante la época de la dictadura militar. No vio movimientos distintos en el Hospital. No vio o interactuó con autoridades militares. No supo, ni vio, mujeres embarazadas detenidas. No fue nunca al pabellón de Epidemiología del hospital.

El primer sí llegó con una pregunta de la fiscalía.

-¿Supo si el Hospital tuvo algún tipo de intervención en la lucha contra la subversión?

-Supongo que sí, que habrá tenido alguna intervención, pero no le sé decir respondió.

Patricia Inés Méndez tiene 63 años y hace tres que se jubiló como perito calígrafa del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Contundente con sus palabras y vehemente hasta en sus gestos, dijo que la firma del acta de nacimiento que le tocó analizar en diciembre de 2010  “proviene de la mano de la doctora Yolanda Arroche de Sala García”.

El acta era la 331 del año 1977, del Hospital Militar, y corresponde al nacimiento de Francisco Madariaga, el nieto 101 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y cuyo padre, Abel, es el secretario de la organización.

¿Hay alguna duda?,  agregó Méndez. “Está absolutamente todo detallado en el peritaje”, completó moviendo sus manos y describió, con seguridad, las circunstancias literales, numéricas y firmas que daban cuenta que había “correspondencia gráfica” con la  tipografía de Arroche de Sala García.

Su determinación fue in crescendo ante cada pregunta que le hizo el defensor de la médica, que intentó poner el foco en el nivel de autenticidad que podía tener el material que ella había analizado para hacer la comparación y determinar que la firma era de Arroche de Sala García.  La mujer que contó que se lo había mandado un juzgado y que había un legajo de Arroche de Sala García para comparar. “Es un peritaje hecho a conciencia”, remató con un dejo de indignación.

La audiencia entró en un cuarto intermedio y se reanudará por la tarde con el testimonio de la enfermera Ernestina Larretape. Es esperada por las diferentes partes: la mujer aportó datos importantes en declaraciones previas.