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“Olivera me torturó a cara descubierta. No acepto que el juez Bonadío diga que no tengo legitimidad para ser querellante”, dijo el ex detenido desaparecido Eloy Camus, que reclama ser tenido como parte en la causa en la que se investiga la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Lo hizo en la conferencia convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, para acompañar el reclamo.

La negativa del juez federal Claudio Bonadío a tener a Camus como querellante en la causa en la que investiga la fuga de los represores fue repudiada por representantes del CELS, la abogada Inés Fadel, y el abogado Luciano Hazan, coordinador del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Mañana la decisión de Bonadío puede ser revertida en la audiencia convocada ante la Cámara de Apelaciones que entiende en la causa.

En la Sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, los presentes coincidieron en afirmar que esta discusión está saldada en las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad: “No solo las víctimas, sino también los organismos de derechos humanos han sido reconocidos como partes en estas causas”, sintetizó Hazan. “Viajé 1200 kilómetros para pedirle al que nos deje ser parte”, dijo Camus y afirmó que esta es “otra forma de negarnos la justicia a las víctimas”.

Carlotto recordó la “situación de angustia y vulnerabilidad” a la que quedan expuestas nuevamente las víctimas al conocerse hechos como este y recordó la segunda desaparición de Jorge Julio López, tras dar testimonio en la causa en la que se condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz por los delitos cometidos cuando estuvo al frente del área de inteligencia que comandó la represión en el denominado Circuito Camps.

Veinte días después de conocerse la sentencia en la que fueron condenados por delitos de lesa humanidad De Marchi (condenado a 25 años de cárcel) y Olivera (con pena de prisión perpetua), se fugaron el 25 de julio pasado cuando eran trasladados al penal de Marcos Paz desde el Hospital Militar. El entonces director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, presentó una denuncia para que se investigara la responsabilidad de sus subordinados, y la causa recayó en el juzgado de Bonadío.

Camus insistió hoy en la necesidad de que además se investigue la responsabilidad del juez federal Leopoldo Rago Gallo y su par Miguel Gálvez, que lo subrogó durante la feria, y autorizaron un traslado de más de mil kilómetros desde San Juan donde Olivera y de Marchi estaban detenidos, para que se trataran por temas médicos de rutina.

El traslado fue autorizado por los jueces federales a instancia de la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada del Hospital Militar hasta el día de la fuga, con paradero desconocido desde entonces. “No sabemos qué se está investigando, ni que se está haciendo para capturar a los evadidos y sancionar a los responsables”, lamentó el ex detenido.