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Los “libros de malvivientes” o “carpetas modus operandi” son tecnologías de producción de “verdad” que disponen las policías para vulnerar derechos y perfilar trayectorias criminales. Las fotografías que allí se coleccionan inauguran dudosos prontuarios que sugieren identidades devaluadas, certifican los prejuicios de los magistrados y confirman los estigmas sociales sobre esos actores referenciados como problemáticos. Pero el saber también es poder, es decir, puede servir para “apretar” o extorsionar a las personas fichadas y retratadas.

La policía encontró un aliado mágico en la fotografía; fue, junto a las huellas digitales, uno de los recursos más importantes de los que se valió la criminología positivista para estudiar al pobre y perseguir a los delincuentes comunes. Si el rostro era la “cara del alma”, la fotografía era la manera de aprehender su naturaleza salvaje. Los retratos se reunían en un archivo fotográfico que le permitía a la policía mapear la ciudad, detectar los lugares donde la potencia se juntaba hasta volverse una amenaza para la sociedad en general y el Estado en particular.

El retrato fotográfico y su inclusión en el “libro de malvivientes” fueron reglamentados por el Decreto 2.019/67 durante la dictadura de Onganía. Autorizaba a la policía  a fotografiar a las personas cuando se los fichaba. Las fotografías debían actualizarse cada 5 años. Nunca se dispusieron protocolos de actuación y tampoco fueron objeto de control.

Desde el 2005 en la Provincia de Buenos Aires está prohibido el uso y exhibición de álbumes fotográficos en comisarías. La resolución fue dictada por el Juez Luis Arias a partir de un Habeas data colectivo interpuesto por el CIAJ (Colectivo de Investigación de Acción Jurídica) que entendía que dichas fotografías afectaba los siguientes derechos protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución Nacional: la inviolabilidad de la defensa en juicio y el principio de inocencia; la igualdad ante la ley y la no discriminación; el principio de razonabilidad en la limitación de los derechos; el derecho a la intimidad, al buen nombre y al honor; la prohibición de “injerencias arbitrarias” y el derecho a la libertad personal.

Luego de esto el Ministerio de Seguridad prohibió por resolución (la 784/05) el uso indiscriminado de los álbumes y ordenó que se centralicen en la Dirección de Policía Científica. Solo se exhibirán ahora por orden de la Justicia. La resolución permitía, sin embargo, que se siguieran tomando fotos en cada comisaría. Por esto el CIAJ interpuso otra demanda que derivó en una nueva inspección del Juez Arias. El Ministerio dispuso la destrucción de todo el material en custodia en las Científicas Departamentales, privando discrecionalmente toda posibilidad de “conocer” la documentación con los datos de miles de personas. La maniobra fue denunciada por el CIAJ y está siendo investigada por la justicia.

Los libros son el complemento necesario de las detenciones por averiguación de identidad, otra manera de afiliar a los “revoltosos” del barrio, de “fichar” a los “barderos”, a la barrita de jóvenes que se juntan en las esquinas. El libro de malvivientes es un inventario de actores que comparten las mismas marcas de identidad: son jóvenes, masculinos, morochos, tienen más o menos el mismo corte de pelo, visten más o menos la misma ropa, usan los mismos pircing.  

Una persona fotografiada será una persona sin derechos o con capacidades jurídicas disminuidas. Más aún cuando no hay autoridad judicial que autorice, supervise y controle su uso. Nadie sabe cuándo, ni por qué le sacaron y subieron fotos a una persona. La persona retratada ni siquiera sabe que su imagen fue a parar a un álbum que luego será exhibido a las víctimas de futuros delitos. No importa que la persona retratada haya sido declarada inocente. Las fotos no tienen fecha de vencimientos. Desde el momento que una fotografía fue a parar al Libro, la persona retratada se convierte en sospechoso para siempre, es decir, puede ser señalada por alguna víctima en cualquier momento. Una vez que lo “identifique”, el fiscal pedirá enseguida que se arme una rueda de reconocimiento para que vuelva a reconocerlo. Para cuando eso suceda, el fiscal ya tendrá preparado el escrito solicitando la prisión preventiva. Así de sencillo, así de rápido puede funcionar la máquina judicial.

Las fotografías, entonces, no son inocentes, están cargadas de ideología. Esa ideología son los intereses del comisario o los prejuicios de los vecinos alertas, la revancha de clase que practican muchos fiscales, la sed de venganza de las víctimas en estado de emoción violenta. Las fotografías no son testimonios neutrales, se van cargando de verdad con cada nueva exhibición. Dicho con las palabras de Ernst Jünger: “La fotografía es una expresión de nuestro modo peculiar de ver, que es ciertamente un modo cruel. Lo que en ella hay a la postre es una forma de ‘mal de ojo’, una especie de toma de posesión, un acto de agresión.”