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“Eran jueces que estaban en función y no hacían lo que debían hacer. Para no ser cómplices de la violación del Estado de derecho deberían haber renunciado”, dijo el médico Guillermo Martínez Agüero, detenido el 25 de octubre de 1974 en Mendoza. Fue durante el juicio oral en el marco de la megacausa donde se investigan a los ex magistrados Luis Miret, Rolando Carrizo, Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano. Están acusados de ser parte del circuito represivo que actuó en la capital mendocina en el entrepiso del Palacio Policial, donde funcionó un centro clandestino de detención.

Así respondió al abogado defensor de Miret, Juan Day, quien había desplegado la estrategia judicial de plantear los peligros que enfrentaban los jueces que se oponían la dictadura. Pero Martínez Agüero usó su propia profesión para ejemplificar la actitud que le reclamó a los jueces y completó aquella primera frase: “Si soy médico y no atiendo a una persona por temor a contagiarme cometo abandono de persona. Si hubieran actuado podrían haber aislado a la dictadura”.

A Martínez Agüero, ex militante de Montoneros y cuñado de Mario Eduardo Firmenich, lo detuvieron en octubre de 1974 y se convirtió en el segundo preso político que tuvo Mendoza. Al principio estuvo prácticamente sólo con los presos comunes pero al poco tiempo la situación cambió: la firma de los decretos de 1975 cambió el escenario y las cárceles comenzaron a poblarse de presos políticos.

“Las violaciones fueron tremendas”, dijo ayer Martínez Agüero al referirse al centro clandestino que funcionó en el entrepiso del Palacio Policial, bajo el control estricto del Departamento de Inteligencia de la Provincia de Mendoza (D-2).

Al detallar el rol de los jueces acusados, Martínez Agüero señaló que él nunca vio a Romano pero que la acusación en su contra fue hecha por el magistrado en base a la información policial. Además, contó el derrotero de sus tres abogados: Susana Sanz, se tuvo que exiliar en México; Rosendo Chávez terminó preso y lo tuvo de compañero de celda; y Conrado Gómez fue secuestrado y desaparecido.

El otro abogado que tuvo fue Petra Recabarren, que lo nombraron de oficio. “Pero él nunca me fue a ver”, contó ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza. También habló de las torturas y golpes que sufrían todos los presos en las requisas o traslados y detalló la recorrida por las cárceles a la que lo sometió la dictadura: en 1975 fue al penal de Devoto, ese mismo año lo llevaron a la cárcel de Chaco, poco después lo devolvieron a Devoto, para 1978 lo llevaron a la prisión de Mendoza y en septiembre lo trasladaron a la Unidad Penal 9 de La Plata. Antes de que terminara el año lo llevaron a Sierra Chica y poco después al penal de Rawson, donde estuvo detenido hasta noviembre de 1982 cuando salió bajo libertad vigilada.

“Fue una dictadura cívico militar, clerical y económica, y hubo un ensamble punitorio entre las cárceles y los jueces”, definió Martínez Agüero durante la declaración que se extendió por más de dos horas y en la que se hizo espacio para recordar a Santiago Illa, un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores que fue su compañero de celda. Lo sacaron del penal el 12 de mayo de 1975 y le dijeron que lo iban a liberar, pero fue desaparecido.