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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal escuchó desde el mediodía los argumentos de las partes sobre el Memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA. A raíz del reclamo del Estado nacional, ahora los magistrados deberán decidir si revocan o confirman el fallo de la Cámara Federal porteña que lo declaró inconstitucional. El Tribunal dispuso cinco días para que los representantes del Estado argentino incorporen nuevas pruebas. Y aún no se fijó la fecha de la sentencia. 

Hace menos de un año, la sala I de la Cámara Federal revocó el fallo de primera instancia del juez Rodolfo Canicoba Corral que rechazaba un amparo presentado por la DAIA y la AMIA pidiendo la inconstitucionalidad del Memorándum, y acompañado por el fiscal Alberto Nisman. El fallo de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, además dispuso la inconstitucionalidad del memorándum que Argentina propuso para interrogar a los sospechosos iraníes en la causa por el ataque a la AMIA.

El gobierno apeló esa decisión y el caso llegó a la sala II de Casación integrada por los jueces Ana María Figueroa, Juan Carlos Gemignani y Luis María Cabral. Hoy escucharon a las partes, que dieron a conocer sus posiciones. Los representantes del Estado nacional fueron los primeros en tomar la palabra, seguidos luego por el fiscal de Casación, Raúl Pleé, que insistió en la defensa del planteo de inconstitucionalidad.

Un caso "no judiciable"

En la audiencia ante los jueces de Casación, los abogados Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Luciano Hazán, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reiteraron este rechazo. Aseguraron que en la resolución de la Cámara Federal “se quebrantaron normas del proceso”. Diez sostuvo que, en la cuestión sobre la validez del Memorándum de Entendimiento, la Justicia no debería haber intervenido, porque se trata de un “caso no judiciable”.

"El memorándum de entendimiento no se encuentra en vigor" por lo cual "no existe un caso contencioso que habilite la intervención del Poder Judicial de la Nación", sostuvo Diez. Y pidió “respetar las esferas funcionales del Poder Ejecutivo” ya que casos como el del Memorándum “son asuntos más de índole política que legal".

Diez y Hazán dijeron que si el Poder Judicial interviene en este tipo de casos “se coloca por encima de otros poderes del Estado”. Aseguraron además que el Memorándum de Entendimiento fue concebido como una “herramienta” para avanzar en la causa por el atentado contra la mutual judicial, pero negaron que fueran vinculantes para el juez los informes que presentaría la “Comisión de la Verdad”, cuya creación preveía el documento.

En ese sentido, a preguntas del presidente del tribunal, el subsecretario de Política Criminal Luciano Hazan afirmó que el acuerdo “no implica ninguna obligación” para la instrucción de la causa donde se investiga el atentado ocurrido en 1994, ya que “se trata de un convenio de cooperación que el juez de la causa puede aceptar o no”.

El fiscal Raúl Pleé confirmó su rechazó al recurso de casación presentado por el Estado argentino contra la decisión de la Cámara Federal que hizo lugar al amparo presentado por DAIA y AMIA. “El fallo en cuestión no puede ser considerado, en modo alguno sino producto de un razonamiento lógico”. Y, como luego hizo el representante de DAIA, dijo que poco importa si Irán ratificó o no el tratado, porque la figura del amparo aplica también ante la “inminencia de la lesión de garantías”.

Luego de un breve cuarto intermedio fue el turno de las organizaciones donde se nuclean los familiares de las víctimas. El abogado Horacio Etcheverry, en representación de la “Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA” y Pablo Jacoby, de Memoria Activa consideraron que el memorándum es constitucional.

“El tratado para mis clientes ha sido constitucional, pero ha sido inútil”, dijo a su turno el abogado de las víctimas nucleadas en Memoria Activa, Pablo Jacoby. El letrado aseguró que la organización que representa no advierte el efecto del tratado porque “las autoridades iraníes nunca lo ratificaron”, lo que a su entender torna “irrelevante” el análisis que se estaba dando en la sala.

El secretario general de AMIA Julio Scholosser y el abogado de DAIA Miguel Bronfman sostuvieron la inconstitucionalidad del Memorándum porque consideran que la conformación de una Comisión de la Verdad, como estaba prevista en el documento, desplaza al juez natural y "violenta el derecho de defensa de las víctimas que en ningún momento aparecen representadas en la citada Comisión".

Por su parte, tanto la fiscalía como los querellantes anticiparon que, de darse una sentencia contraria a sus planteos, presentarán reserva del caso general para llegar a la Corte Suprema.

MB/AF