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Luciano Benjamín Menéndez se duerme. En un rincón de la sala, donde está sentado con los otros represores, el jefe del Terrorismo de Estado en Córdoba parece ser uno más de la fila. Tiene manchas en las manos. Sobre ellas, apoya la cabeza. A veces, abre los ojos, pero no habla y masca chicle. Ante él, en el Tribunal Federal Número 1, desfilaron nuevos testigos de la causa Mackentor, que ocupa el centro gravitatorio de las últimas audiencias del juicio por la megacausa La Perla. Es un expediente inédito en la provincia que no sólo juzga el secuestro y tortura de 20 personas, entre empleados y directivos del grupo Mackentor –un conglomerado de empresas de capitales nacionales-, quienes fueron privados ilegítimamente de la libertad y alojados en centros clandestinos de detención. Además, el Tribunal está juzgando la apropiación extorsiva por parte del Ejército de tres empresas del grupo, al que los represores acusaron de financiar a “la subversión”.

El testigo 282 de la megacausa, José Miguel Coggiola, dijo que trabajó como empleado en Mackentor, en las oficinas de Montevideo y Lavalle que la empresa poseía en Buenos Aires. Tenía a cargo la compra de los repuestos de las máquinas. Una noche de 1977 quiso abrir la puerta de la oficina, le pusieron un revólver en la nuca y luego le vendaron los ojos. Al resto de sus compañeros le hicieron lo mismo. No les dijeron qué querían ni a quiénes buscaban. Sólo que estaban detenidos por orden del Comando de Ejército de Córdoba por una causa asociada a la empresa.

-Ahora vamos a hacer un viaje- le avisaron los represores.

Los llevaron a Aeroparque, y allí les hicieron sacar las vendas. Subieron a un avión hacia Córdoba. Una vez que bajaron, los llevaron a Campo de la Ribera, uno de los centros clandestinos de la provincia. Permanecieron unos días. Los militares estaban obsesionados con dos temas. Les preguntaban, hasta el cansancio: “¿Dónde está la plata?”, y “¿Dónde están las armas?”

-Ustedes están metidos con el ERP y los Montoneros.
-No, nosotros estamos trabajando con la obra vial. No sé de qué plata ni de qué armas me hablan –respondió Coggiola.
Le aplicaron picana. La sesión duró quince minutos.
-No seas maricón. Te estamos aplicando el 30 por ciento de lo que le damos a otros –le decían.

José Miguel Coggiola, encargado de la supervisión de la maquinaria de la empresa

En La Ribera, estuvieron tres meses y luego los trasladaron a un pabellón de la policía penitenciaria. Una tarde lo llevaron al centro clandestino La Perla: allí la picana fue más intensa. En la cárcel, había presos políticos: senadores, diputados y otros militantes políticos. Coggiola dijo que lo juzgaron tres consejos de guerra. Lo acusaron de poseer un casete del grupo folclórico chileno Quillapayún y una estrella de cinco puntas que asociaron al ERP. Él explicó que la tenía para armar un arbolito de navidad. No le creyeron.

Cuando lo liberaron, le dieron un certificado de detención pero no apareció el tiempo que pasó en La Ribera. Sólo figuró el tiempo que pasó en la cárcel penitenciaria.
Al ser consultado si sabía quién lideró el operativo de su secuestro, el testigo fue contundente: “Supimos que este operativo fue comandado por Menéndez. Había un odio de Menéndez contra Roca –Gustavo, quien fuera abogado de presos políticos y síndico de la empresa-. Lo consideraba su enemigo. Y como Roca era muy amigo de Kejner –Natalio, presidente y máximo accionista del grupo-, entonces odiaba a la empresa”. Por último, agregó que cuando lo liberaron, volvió a Mackentor pero no lo quisieron tomar como empleado. Los militares habían tomado el control de la empresa y le habían congelado el salario después de su secuestro.

Luego fue el turno de Enzo Manassero -88 años-, la mano derecha de Natalio Kejner en Buenos Aires. Su testimonio arrojó otras pruebas clave. El 25 de abril, en 1977, cuatro militares uniformados, con armas largas, lo detuvieron cuando subía en el ascensor de su casa, en Buenos Aires. Le vendaron los ojos y le dijeron que estaba a disposición del Tercer Cuerpo del Ejército de Córdoba. Luego lo trasladaron a una celda de “un lugar que nunca supe cuál era”.

Días después, le pidieron las llaves de su oficina. Revisaron los escritorios, abrieron una caja fuerte, y revolvieron papeles. Al igual que ocurrió con Coggiola, lo subieron a un avión rumbo a Córdoba.

-Quedate tranquilo, vamos con vos- escuchó que le decía su mujer. Aterrorizado, desconociendo las razones, Enzo comprendió que habían secuestrado a toda su familia.

Como integrante del cuerpo jerárquico de Mackentor, estaba a cargo de las operaciones financieras, y era el colaborador principal del contador. Lo interrogaron varias veces –“con amenazas, me acribillaban a preguntas, era tormentoso”-. Lo separaron de su familia y lo “tiraron” en una colchoneta.
-Usted sabe que Kejner le daba plata a las organizaciones subversivas. Confiese.
-No, eso no es cierto. No tenemos otra ideología que la empresa.

Luciano Benjamín Menéndez, artífice de la represión en Córdoba

Entonces lo llevaron a un patio. Mannasero rezó. Escuchó que un oficial gritó: “Apunten, disparen, fuego!!”. Había ocurrido un simulacro de fusilamiento. De allí, lo trasladaron a Campo de la Ribera. Y luego a La Perla, donde precisó que lo interrogaron con mayor insistencia sobre la supuesta relación de la empresa con los grupos guerrilleros. Ante su negativa, lo torturaron con la técnica del “submarino”.

-Por favor, mátenme. Se los ruego –le dijo a sus verdugos, extenuado, al borde del colapso.

Días después, lo llevaron a la cárcel de Encausados. Cierta vez, le vendaron los ojos y lo subieron a un avión con otros doce detenidos. Volvió a imaginarse lo peor: que, en cualquier momento, los podrían arrojar desde las alturas. Al poco tiempo, aterrizaron en La Plata y los trasladaron a la Unidad 9. En 1980 fue liberado. Comprobó, en cuestión de días, cómo los militares vaciaron las empresas del grupo y que, también, le robaron sus bienes personales. De forma extraña, le permitieron reintegrarse a la empresa, pero siendo un empleado auxiliar, negándole su rol ejecutivo. Años después, el grupo entró en la quiebra económica.

Antes de terminar, hizo una confesión que emocionó al público:
-Lo que dije hoy nunca lo hablé con mi familia. Los quise resguardar del terror que sufrí. Recién cuando murió mi mujer, hace unos días, les conté lo que pasó en Campo de la Ribera.

Y agregó que el psiquiatra de su mujer, que murió tras padecer una enfermedad mental, le confesó que uno de los daños más severos que sufrió – y del que nunca pudo recuperarse- fue durante y después de que los militares la secuestraran.

La estrategia de la fiscalía, con la carga de la prueba, será demostrar de qué manera los militares sospecharon que Kejner y Mackentor habían financiado a la guerrilla – hecho que los represores nunca pudieron comprobar- y así justificaron la intervención. Según el Ministerio Público, lo que en realidad sucedió fue que el grupo empresarial tenía “otra concepción empresarial”, ligada a un reparto de acciones entre sus dueños y empleados, y que, además, era considerada “enemiga” por Menéndez dado que Gustavo Vega, su síndico, había sido abogado de presos políticos en los ´70.

Otra de las hipótesis de la querella es que el ensañamiento de Menéndez con los directivos de Mackentor se asociaría a su potencial poderío –sobre todo, en su especialidad en fábrica de tubos para conductos de alta presión- en la competencia por mercados contra empresas cómplices de la dictadura. De ese modo, demostrarían cómo un delito económico se convirtió en un delito de lesa humanidad en el contexto de un genocidio perpetrado por el Terrorismo de Estado.