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La megacausa La Perla reúne más de veinte expediente. La última acumulación fue de cinco causas en marzo de 2014. Y, en las últimas semanas, se agregó una causa inédita por delitos económicos de lesa humanidad en la provincia. Se denomina como "causa Mackentor". La audiencia seguirá profundizando hoy, con nuevos testimonios de testigos y víctimas, en las pruebas sobre la apropiación extorsiva por parte del Ejército de tres empresas del grupo Mackentor.

El caso revela el vínculo íntimo entre el poder económico y la dictadura. Según confiaron fuentes judiciales, los hechos se remontan al 25 de abril de 1977 en horas de la madrugada, cuando en varias operaciones simultáneas, tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, dependiente del III Cuerpo del Ejército, por órdenes de Luciano Benjamín Menéndez, sin orden judicial y haciendo valer su condición de funcionarios públicos, ingresaron ilegalmente a las instalaciones de empresas del grupo Mackentor, aduciendo un supuesto financiamiento a organizaciones "subversivas".

El grupo estaba integrado por tres empresas: Mackentor, Horcen y Edisa. La primera tenía dos campos de 8.000 hectáreas cada uno en Santiago del Estero, en sociedad con otra persona de apellido Hais, en la que Mackentor tenía el 70 por ciento de las acciones. También era poseedora de una una finca en la provincia de San Juan, dedicada a la producción vitivinícola; una planta de fabricación de caños de alta presión en barrio Las Flores, en la ciudad de Córdoba, inmuebles en la capital provincial, una planta en barrio los Boulevares, y oficinas en la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la empresa Hormigón Centrifugado (Horcen) era poseedora de una propiedad de dos hectáreas donde estaba la planta de fabricación en camino a Ferreyra, en la ciudad de Córdoba. En tanto la tercera empresa del grupo Mackentor: Empresa del Interior Sociedad Anónima (Edisa), se dedicaba a la fabricación de refrescos (representaba a Cunnintong, de Crush), que fue vendida luego que el presidente del grupo y principal accionista, Natalio Kejner, se fuera del país.

Durante el operativo de apropiación, los militares tomaron las tres empresas: Mackentor, Horcen y Edisa, ignorando que ésta ya no pertenecía al grupo, sino a un ingeniero de apellido Abichaín, y las intervinieron, apropiándose ilegalmente de ellas. En cuanto a las razones del apoderamiento e intervención por parte del ejército, se lo atribuyó a que los represores del proceso tenían un solo objetivo: "destruir a Mackentor" porque representaba una concepción empresarial nueva.

En ese sentido se indicó que frente a las empresas extranjeras que dominaban la construcción de las grandes obras nacionales, estaban las empresas argentinas que "tenían dos defectos, estaban manejadas por las empresas extranjeras que las sometían a contratos viles y las debilitaban poco a poco, y por otro lado entre ellas pactaban acuerdos desnaturalizando las licitaciónes", a tal punto que Mackentor resuelve desafiliarse como miembro de la Cámara Argentina de la Construcción.

En esa causa están imputados los represores Luciano Benjamín Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, José Luis Yañez, Enrique Alfredo Maffei, Angel Corvalán, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, José Andrés Tofalo, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero, en tanto que Jorge Rafael Videla, Hermes Oscar Rodríguez, Manuel Absalón Díaz y Eduardo Porfidio Ríos, fueron sobreseidos por fallecimiento.

Los cargos por los que fueron imputados son "abuso de poder; usurpación; allanamiento ilegal de domicilio; robo calificado; privación ilegítima de la libertad agravada e Imposición de tormentos”. En la causa Mackentor se juzga el secuestro y tortura de 20 personas, entre empleados y directivos del grupo Mackentor, quienes fueron privados ilegítimamente de la libertad y alojados en el centro clandestino de detención y torturas La Ribera y en un caso también en La Perla, donde fueron sometidos a distintos tipos de tormentos.

El epicentro de los delitos de lesa

La megacausa "La Perla" ha sido llamada así por su dimensión en términos de víctimas, testigos y querellantes; aunque su magnitud también refiere al peso simbólico que conlleva juzgar el modelo represivo implantado en Córdoba. A este debate oral llegan acumulados un total de 22 expedientes -16 iniciales, 5 acumulados a comienzos de 2014 y una incorporada en septiembre- que reúnen los casos de 716 víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes.

La mayoría de ellos pasaron por La Perla, el centro clandestino de detención más grande del país, aunque también hay casos de cautiverio en los centros Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones de la Policía (D2 en sus sucesivas sedes), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar. Hoy los tres primeros lugares tienen sus puertas abiertas al público y funcionan como Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos.